Propuesta constitucional (IV): libre competencia

Ni la actual Constitución ni la propuesta de la Convención mencionan de forma explícita la libre competencia, o la necesidad de que el Estado la garantice o defienda. Algunos expertos han señalado que existía allí un espacio para innovar, estableciendo la responsabilidad estatal de promover y defender la libre competencia -como elemento esencial de la libertad económica-, así como también para precisar que, dado que la propuesta constitucional confiere al Estado un amplio margen para participar en actividades económicas, debería hacerlo dando garantías de neutralidad competitiva.

El texto de la Convención, lejos de garantizar la libertad económica fundada en una competencia libre, la compromete.

El artículo que establece que “el Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados” refleja la preocupación de los convencionales por los casos de colusión y fraude conocidos en la última década, más que por la institucionalidad que, en la práctica, ha hecho posible que ellos sean perseguidos. Más aun, al precisar que debe castigarse aquello que “afecte el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados”, lo que es difícil de determinar, hay un retroceso respecto del estándar actual, donde la sola conducta coludida o fraudulenta basta para gatillar la sanción.

Por otro lado, donde hoy se entiende que la libre competencia es un principio implícito en la libertad económica, sólo limitado por tres condiciones -ser contraria a la moral, al orden público y la seguridad nacional-, la propuesta constitucional sostiene que “el contenido y los límites” del derecho a emprender y desarrollar actividades económicas “serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio”. Esto es, donde antes existía un marco de libertad por defecto, en el futuro ese marco podría ser definido por el legislador, subordinando dicha libertad a una definición política.

Se trata de un cambio de paradigma que, sumado a disposiciones de tipo dirigista -como “promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño”, y al hecho de que regiones y municipalidades podrían crear empresas públicas, entre otras-, lejos de garantizar la libertad económica fundada en una competencia libre, la compromete.